Mujeres y hombres trabajan diariamente en condiciones de absoluta insalubridad. Ya ni siquiera cuentan con baños, la cámara séptica está r...
Mujeres y hombres
trabajan diariamente en condiciones de absoluta insalubridad. Ya ni siquiera
cuentan con baños, la cámara séptica está rota y en el lugar hay un viejo
transformador que emana líquidos y gases tóxicos. Desde hace meses el sindicato
viene exponiendo la situación mediante notas, y las autoridades las ignoran por
completo.
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Los trabajadores y trabajadoras del subsuelo de Casa de Gobierno manifestaron su “profunda indignación ante la desidia con la que el gobierno provincial ha manejado la paralización de las obras iniciadas en noviembre de 2024. Con una planificación PAUPERRIMA, los baños de varones, mujeres y discapacitados fueron clausurados sin previo aviso, dejando a empleados y ciudadanos sin acceso a instalaciones básicas. Parece que la premisa de esta gestión es que la dignidad es un lujo y la higiene un capricho”.
El sindicato
interpuso, por medio de sus representantes en el sector, sendos pedidos de
reparaciones edilicias para que se den las condiciones mínimas de salubridad
para las y los trabajadores, así como los usuarios de los servicios públicos
que asisten a esas oficinas.
Desde marzo del
2024 se vienen presentando pedidos de limpieza y reparaciones, tanto de
oficinas del subsuelo como de sanitarios. Reclamos que se vienen insistiendo
ante la ausencia total de respuesta y solución. Incluso, el 29 de mayo, se tuvo
que presentar una nota solicitando el retiro de cerradura del baño de
discapacitados, ya que permanecía cerrado constantemente y sólo podía ser usado
por selecto grupo de personas que accedían a la llave.
Sin embargo, la
única respuesta de las autoridades fue tan extrema como insólita: desmantelaron
los baños, tanto de mujeres como de hombres y discapacitados, privando del
acceso a los mismos a todas las personas que cumplen funciones diariamente en
ese espacio.
La situación es
tan alarmante y desagradable que se tuvo que presentar un pedido de reparación
de la tapa de hormigón armado de la cámara de inspección ubicada cerca del
acceso del baño de hombres del subsuelo de Casa de Gobierno. Esa solicitud se
realizó en marzo del 2024, se reiteró en agosto y al día de hoy espera
solución.
“El director
general de Mantenimiento y Servicios, Sr. Jorge Havela, ha demostrado una
habilidad admirable para ignorar decenas de notas de pedido de refacción,
logrando que la burocracia alcance niveles de inmovilidad dignos de una
película”, se quejaron las y los compañeros.
No obstante, la
inacción sólo parece limitarse a las reparaciones, ya que lo que sí despertaron
estos reclamos fue una fuerte persecución política y sindical hacia quienes
exigen condiciones laborales dignas. La Arq. María Alejandra Godoy (con su
flamante título de “especialista en higiene y seguridad en el trabajo”
solventado con fondos del Estado en la gestión anterior), parece entender que
su función no es garantizar condiciones salubres, sino cumplir religiosamente
con las órdenes políticas del gobernador y castigar a quienes osen exigirlas.
En una acción abiertamente persecutoria, resolvió la desafectación y el
traslado arbitrario de un delegado de ATE en pleno receso administrativo y con
una celeridad privilegiada, en una muestra clara de que este gobierno no tolera
la disidencia ni el sindicalismo, violando las leyes nacionales y provinciales
vigentes.
AMENAZA A LA
SALUD
Pero esta
alarmante situación es en realidad todavía peor. En el subsuelo de la Casa de
Gobierno persiste la presencia de un viejo transformador que emana líquidos
refrigerantes y gases tóxicos, constituyendo una verdadera amenaza para la
salud de las personas que circulan en el lugar.
La violación de
normativas de higiene y seguridad es tan flagrante como la persecución
sindical. La Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo parece no regir
en el subsuelo del principal edificio del Gobierno del Chaco. En reiteradas
oportunidades ATE ha presentado notas al respecto, en todos los casos sin una
respuesta, incluso admitiendo públicamente la secretaria General de la
Gobernación, Carolina Meiriño, que ninguno de estos pedidos ha tenido
respuesta.
“Exigimos la
inmediata reactivación y finalización de las obras, la restitución de los baños
y la remoción del transformador contaminante. No aceptaremos que la
criminalización de la protesta y la persecución gremial sean las únicas
respuestas de este gobierno. La dignidad no es negociable, la seguridad no es
un lujo y la salud de los trabajadores no puede quedar a merced de la
incompetencia y el cinismo de quienes hoy ocupan el poder”, reclamaron.
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