Por Celeste Espínola Secretaria de Formación, CDP ATE Chaco En el marco de un ajuste brutal que golpea con mayor dureza a quienes ...
Por Celeste Espínola
Secretaria de
Formación, CDP ATE Chaco
En el marco de un ajuste brutal que golpea con mayor dureza a quienes dependen de su trabajo para vivir, el panorama que enfrentamos como sociedad parece un reflejo de las políticas de exclusión y concentración de riqueza que históricamente han profundizado las desigualdades en Argentina. Este modelo, impulsado bajo el argumento de "reducir el déficit fiscal", se traduce en medidas que deterioran las condiciones de vida de las mayorías y benefician a los sectores más concentrados de la economía.
El impacto es claro: una devaluación feroz que
dispara los precios, en particular de alimentos, destruyendo el poder
adquisitivo de trabajadoras, trabajadores y jubilados. La quita de subsidios
incrementa el costo de servicios básicos como la electricidad, el agua o el
transporte, mientras que las pocas medidas paliativas alcanzan solo a una
fracción de quienes ya están debajo de la línea de pobreza. En paralelo, los
sectores más ricos ven garantizados ingresos exorbitantes gracias a políticas
que favorecen a quienes tienen capital dolarizado o inversiones financieras,
exacerbando las brechas sociales.
En nuestra provincia del Chaco, este ajuste
encuentra eco en las decisiones locales, donde los derechos laborales tampoco
están siendo respetados. El caso de la Dirección de Mantenimiento y Servicios dependiente de la Jurisdicción 2 de la Secretaria
General de la Gobernación es un ejemplo
alarmante: el apriete laboral ejecutada contra un delegado de ATE, desplazado mediante
un Memo (038/24) de la actuación electrónica 2-2024-2169 AE, emitido el día 15
de diciembre del 2024 a las 21hs, ya en Receso administrativo, de manera
arbitraria solicitando por la arquitecta ESPECIALISTA
EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: MARIA Alejandra Godoy M.P. Nª 1557, no solo vulnera leyes vigentes,
sino que evidencia una estrategia de disciplinamiento hacia quienes se
organizan en defensa de los derechos de las y los trabajadores del estado. Este
tipo de acciones no solo violan la normativa, sino que buscan silenciar la
resistencia frente a políticas que precarizan aún más las condiciones laborales.
En este contexto, la historia de Jesús, el Hijo
de un obrero, cobra una relevancia aún mayor. Su vida nos recuerda que la
justicia social y la dignidad de las personas trabajadoras deben ser el pilar
de toda política pública. No es aceptable que las mayorías carguen con el peso
de un ajuste que beneficia a los pocos privilegiados. Este no es un camino
inevitable, sino una decisión política que podría y debería revertirse en favor
de un modelo inclusivo, solidario y equitativo, que honre la memoria de quienes
lucharon por construir un país más justo.