A través de la resolución 1031, firmada por el ministro de Gobierno, José “Pato” Gómez, el gobierno de Leandro Zdero amenaza a las y los tra...
A través de la resolución 1031, firmada por el ministro de Gobierno, José “Pato” Gómez, el gobierno de Leandro Zdero amenaza a las y los trabajadores estatales de la provincia con realizar descuentos de sueldo por días de paro, sea presencial o sin asistencia en los lugares de trabajo, violando abiertamente los derechos consagrados en la Constitución Nacional y convenios internacionales que regulan las relaciones laborales en el sector público.
La herramienta firmada por
el ministro de Gobierno establece que “la no prestación efectiva de tareas
motivadas en el ejercicio de medidas de fuerzas (…) serán descontadas de los
conceptos remunerativos de manera proporcional a las horas o días no trabajados
del haber del mes correspondiente”, violando abiertamente el artículo 14 Bis de
la CN, que establece que “Queda garantizado a los gremios: concertar convenios
colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de
huelga”. En este marco, es conveniente recordar que Chaco cuenta con un Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector estatal, y que en los 9 meses que lleva la
gestión Zdero jamás fue convocado, pese a las reiteradas demandas de los
sindicatos con representación gremial.
Además, en su segundo
artículo ordena a los superiores jerárquicos a que quienes realicen protestas
“deberán ser intimados por medio fehaciente al cese de la medida”.
En sus argumentos, esta
medida aduce que “durante los primeros seis meses de la presente gestión de
gobierno (2023-2027), el Sr. Gobernador de la Provincia ha llevado a cabo un
incremento significativo en el sueldo de los agentes públicos, totalizando un
aumento del 132,5% en relación a los sueldos de diciembre del 2023, por encima
de la inflación acumulada”, obviando por ejemplo que solamente en diciembre del
2023 el mandatario y sus funcionarios se triplicaron los sueldos; o que el
precio de un pasaje de colectivo urbano pasó de 81 a 710 pesos, con amenazas de
romper la barrera de los 1000 pesos a la brevedad. Sumado esto a los aumentos
de luz (que como mínimo triplicaron sus montos en lo que va del año) y el
precio de los alquileres, los incrementos salariales de los y las estatales
chaqueñas sólo sirvieron para pagar impuestos.
Una vez más, caben recordar
las reiteradas solicitudes por parte de los sindicatos de que el Gobierno
convoque a la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP),
que es el marco legal actual donde se debe discutir los salarios y las
condiciones laborales, y que esta gestión se niega sistemáticamente a convocar.
Muy por el contrario, intenta gobernar por la fuerza y la intimidación,
violando las leyes vigentes, amparándose en un escenario político nacional
donde el diálogo y la democracia parecen ser sólo conceptos del pasado, y bajo
el pretexto de la “libertad” lo único que hacen es hambrear y reprimir el
descontento social.