Con preocupación y tristeza, los trabajadores y trabajadoras del Estado nos enteramos este lunes 3 de junio sobre la Resolución del Superior...
Con preocupación y tristeza,
los trabajadores y trabajadoras del Estado nos enteramos este lunes 3 de junio
sobre la Resolución del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco
que suspende los trámites del proceso de regularización laboral iniciado en
2023 y que la gestión del gobernador Leandro Zdero decidió interrumpir,
desconociendo la estabilidad laboral de todos y todas y la normativa vigente
que garantiza un proceso gradual y transparente de regularización, acordado en
el marco paritario.
Con la firma de los jueces
Víctor Del Río, Emilia Valle, Alberto Modi y Néstor Varela (y el rechazo de la
jueza Iride Grillo), la medida del máximo órgano de la Justicia provincial
establece “la suspensión de los trámites de los concursos organizados por las
Leyes NO 3946-A y NO 3947-A”, dando lugar así a una medida cautelar iniciada
por el fiscal de Estado.
Desde la Asociación
Trabajadores del Estado (ATE Chaco) consideramos claramente que se trata de una
acción política más que una medida que busque administrar justicia a la
sociedad chaqueña. Son miles los trabajadores y trabajadoras que desempeñan
tareas en el Estado chaqueño por medio de contrataciones precarias, muchísimos
de ellos desde hace más de 10 años. Y este proceso traería estabilidad laboral para
al menos una parte de ellos en primera instancia.
Las leyes que se atacan
fueron acordadas y trabajadas en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo,
instancia institucional en donde participamos los sindicatos y el Estado, y que
se consiguió tras más de una década de organización, lucha y negociación, y que
vino a democratizar las relaciones y las condiciones laborales en el Poder
Ejecutivo provincial. Este convenio, incluso, fue votado en la Legislatura
provincial cuando Zdero ejercía la función de diputado, pero actualmente a
cargo del Ejecutivo incumple abierta y deliberadamente esa legislación
negándose a convocar a las organizaciones sindicales, a la vez que dicta
medidas unilaterales que afectan a los trabajadores estatales y a su
representación sindical.
En ese marco, el Poder
Judicial, por medio de su máximo órgano competente, le envía un guiño al
gobernador de turno, negándoles la posibilidad de que pueda reconocérseles la
estabilidad laboral a miles de chaqueños y chaqueñas que desde hace mucho
tiempo vienen prestando funciones en la administración pública, bajo
contrataciones precarias. Atacando además leyes dictadas por el Poder
Legislativo, con amplio consenso de las organizaciones sindicales y las
centrales obreras.
Este proceso de regularización
laboral estipula un plazo de ejecución hasta el 2030, justamente porque los
cargos a cubrirse deben estar vacantes, (por jubilación, retiro o exoneración),
por lo que no representan un impacto presupuestario, como presupone la medida
dictada por STJ.
Por otro lado, esta
Resolución agrava la situación ya que continúa propiciando la precarización
laboral, al habilitar a “que el Sr. Gobernador de la Provincia del Chaco podrá
llevar adelante las contrataciones de personal con carácter provisorio”.
Por último, la medida del
STJ ordena que “se deberá mantener la continuidad de los efectos del artículo
2”, donde se establece la continuidad laboral “bajo cualquier modalidad de
contratación”, y “en todos los casos”, por lo que esperamos se frenen inmediatamente
cualquier intento de baja de contrato y se reviertan de manera inmediata las
bajas que se dieron en organismos como Colonización, Hábitat y el Instituto de
Turismo, entre otros.
Instamos a dicho Tribunal a
observar la situación en la que muchos trabajadores y trabajadoras se
encuentran hace más de 10 años, por una situación que no les es imputable, sino
que nace nada más y nada menos que de la desviación del Poder y del abuso del
Estado al justificar la prestación de servicios bajo modalidades precarias de
contratación. Asimismo, no pueden pecar por desconocimiento de las normas
sancionadas, el proceso de regularización laboral es clara: es gradual, por
vacancias de cargo, por el período 2023-2030. Arbitra el mecanismo de concursos
de antecedentes y oposición, donde los trabajadores y trabajadoras precarizadas
se inscriben, bajo declaración jurada presentan su documentación, rinden
exámenes, y luego se inicia un proceso de verificación de las documentaciones,
quien cumple, puede ser regularizado, quien no cumple, no podrá continuar el
proceso. Las reglas son claras para todos, más teniendo presente que este
proceso ha sido consensuado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo,
piedra angular del derecho laboral, conquista sindical en la historia de nuestra
provincia.
