En consonancia con lo que viene denunciando la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) sobre el vaciamiento y precarización de las po...
En consonancia con lo que viene denunciando la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) sobre el vaciamiento y precarización de las políticas públicas con perspectiva de género, el impacto en términos concretos queda en evidencia. Como informó diario Norte, en cinco meses del 2024, el número de femicidios ha igualado la cifra total registrada en 2016.
Al asumir, el gobernador
Leandro Zdero vetó la creación del Sistema de Protección Integral de Derechos
Humanos y Géneros y luego sus funcionarios, la subsecretaría de Género y
Diversidad, Sonia Valenzuela y el ministro Gobierno, Jorge Gómez,
desarticularon y precarizaron la Línea 137, único Programa de Atención,
Asesoramiento, Contención y Acompañamiento contra las Violencias de Género.
El mandatario provincial
demuestra estar plenamente alineado con la política del presidente Javier Milei
en cuanto al desmantelamiento de las políticas de prevención de las violencias
de género. Pues también a nivel nacional se han despedido trabajadoras que
llevaban años manteniendo la atención en la Línea 137, poniendo en situación
crítica al sistema.
A nivel provincial, mientras
Valenzuela afirma en los medios que la asistencia está garantizada, como indica
el comunicado distribuido a raíz del último femicidio en Juan José Castelli,
puertas adentro de la Subsecretaría la situación es otra. La funcionaria
eliminó contratos, dejando en situación de indigencia a las trabajadoras que
deben cumplir tareas por una remuneración de entre 70 y 80 mil pesos por mes.
Esta baja de contratos hizo que personal capacitado y que venía con años de
experiencia en la temática se viera obligado a abandonar su puesto de trabajo
para poder subsistir.
Cabe recordar que la Línea
137 presta servicios los siete días de la semana, sin distinción de fines de
semana o feriados, y las 24 horas del día. Muchas de las trabajadoras llevan
cerca de 10 años brindando atención, desde la creación del Programa, y son
jefas de hogar.
Las bajas que produjo esta
decisión fueron compensadas por personal no calificado en la tarea y que
tampoco recibió capacitación para tal fin, poniendo en peligro la calidad de la
prestación del servicio. Asimismo, con el desarme del Sistema de Protección
Integral, ya no hay seguimiento de las denuncias ni articulación con la policía
y el sistema judicial.
Ante los reclamos por esta
situación llevados adelante desde ATE Chaco, la delegada de la Línea 137 fue
arbitrariamente sacada de su puesto de trabajo y trasladada a otra dependencia.
Por lo que el servicio perdió otra trabajadora capacitada más, con seis años de
experiencia.
Después de los femicidios,
la única política pública en materia de género parece ser el hecho de que el
gobernador Zdero o la subsecretaria Valenzuela visitan a las y los familiares
de las víctimas para abrazarlos y sacarse fotos, como queda evidenciado en las
redes sociales. Inclusive en una de las últimas visitas fue posible ver
imágenes de cómo le hacían entrega de un colchón a la familia damnificada.
En contraposición con la
política pública que viene trazando desde el inicio de su gestión, el
gobernador se muestra muy preocupado por el único femicidio que parece concitar
su atención. Esta semana, Zdero hizo público un video para afirmar que pidió
intervenir en el juicio por Cecilia Strzyzowski, al mostrarse descontento por
el cambio de carátula decidido por el Equipo Fiscal Especial (EFE). Claro que
este caso le sirvió de bandera para cimentar la campaña política que lo llevó a
la gobernación, no como el resto de los cinco femicidios ocurridos en estos
meses.
