El Registro de la Propiedad Inmueble inició este lunes por la mañana una medida de fuerza desde ATE, en reclamo por la demora desde el...
El Registro de la Propiedad Inmueble inició este lunes por la mañana una medida de fuerza desde ATE, en reclamo por la demora desde el Ministerio de Economía respecto de un proyecto de Decreto remitido por las autoridades jurisdiccionales en total coincidencia con trabajadores del organismo para resolver inconsistencias en el manejo administrativo de la Tasa Redistributiva de Servicios acordado ya en noviembre de 2022. Sin embargo, la Dirección de Trabajo dictó una Conciliación Obligatoria, impidiendo desarrollar el reclamo para que esta modificación avance.
“La sociedad debe saber que se ha instalado un escenario de conflicto en RPI que tiene que ver con demoras injustificadas del área de Economía, respecto de la generación del instrumento legal solicitado por el Ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, para subsanar cuestiones relativas al funcionamiento y manejo de las Tasa Retributiva de Servicios por trámites llevados a cabo en el organismo”, explicó Raúl Olmedo, delegado de ATE en el organismo.
Y agregó: “En ese sentido, hemos sido convocados a una Audiencia de Conciliación Obligatoria, instancia prevista por la ley de trabajo para dirimir conflictos, cosa que rechazamos de plano, teniendo en cuenta que no existe conflicto con nuestras autoridades jurisdiccionales, que en todo caso son quienes enviaron el proyecto de Decreto en un todo de acuerdo con los trabajadores del Registro. No hablamos de cuestiones salariales ni reclamamos nada en ese sentido, por lo que rechazamos que el planteo deba dirimirse en el ámbito de la CIAP”.
“Desde ATE, insistimos en la necesidad de más y mejor Estado, por lo que nos preocupan las demoras injustificadas cuando el responsable máximo de la Jurisdicción, en absoluto acuerdo y cumpliendo los pasos administrativos, remitió el proyecto de Decreto. Está en juego el compromiso de la política de crear el entorno que promueva dignidad, justicia y bienestar para los usuarios de los servicios del Estado”, concluyó Olmedo.
