A dos días de que representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) mantuvieran una reunión con la Comisión de Derechos Hu...
A dos días de que representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) mantuvieran una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, informando sobre la situación de violencia y persecución laboral que se vive en el Comité para la Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, las autoridades de ese organismo determinaron nuevos despidos.
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Un
trabajador ya fue notificado del cese de sus funciones, y el sindicato se
declara en estado de alerta ante las acciones que realicen el Presidente del
Comité Kevin Nielsen, el Vicepresidente Darío Edgardo Gómez y las Comisionadas
Ariela Álvarez, Silvina Canteros y Bashe Charole.
En
este sentido, cabe recordar que Ariela Álvarez y Darío Edgardo Gómez fueron
denunciados en 2019 por persecución y maltrato laboral.
Asimismo,
dos trabajadoras se vieron obligadas a firmar un acta informativa en la que,
además de establecer exhaustivamente sus funciones y horarios, en el apartado
“De otras actividades” establece: “para el acabado cumplimiento de tareas y
objetivos demarcados por las autoridades de este Comité para la Prevención de
la Tortura, podrán excepcionalmente requerirse participación en otras
actividades y/o eventos que realice esta Institución”.
Cabe
recordar que las y los trabajadores del Comité están precarizados, mediante
contratos cuya renovación se produce cada tres meses, con la
aparejada incertidumbre e inestabilidad. Más aún ante la cercanía del final del
año.
Desde
agosto de 2021 hasta la fecha fueron despedidas/os nueve (9) trabajadoras/es.
Las y
los trabajadores en su mayoría cuentan con una antigüedad de hasta 8 años en la
institución, siendo designados para ocupar los puestos de trabajo mediante
disposiciones y resoluciones.
Las y
los trabajadores vienen presentando denuncias desde mediados 2021, cuando
asumieron las y los nuevos titulares del organismo, por los despidos, reducciones
salariales, reducciones laborales, cambios injustificados en la estructura del
organismo, mayor precarización e inestabilidad laboral, y desfuncionalización.
Las
mismas fueron elevadas a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la
Provincia, a la Cámara de Diputados, al INADI Delegación Chaco, y a la
Subsecretaría de Trabajo.
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