Con el avance de la vacunación, el progresivo levantamiento de las medidas sanitarias restrictivas y la recuperación del trabajo presencial,...
Con el avance de la vacunación, el progresivo levantamiento de las medidas sanitarias restrictivas y la recuperación del trabajo presencial, el 2021 fue un año para el reencuentro entre compañeros y compañeras y para la reorganización de la lucha sindical por objetivos y reivindicaciones que la pandemia había obligado a poner un poco en pausa. Desde ATE Chaco cerramos el año con la elección de delegadas y delegados en toda la provincia y consolidando el trabajo en los municipios chaqueños, recorriendo las localidades y recogiendo las inquietudes y necesidades que permitan unificar los reclamos de las y los trabajadores estatales chaqueños.
Alcanzado
diciembre, en 2021 el sindicato renovó sus representantes sindicales en los
siguientes sectores: Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura
(segundo piso de Casa de Gobierno, así como Subsecretaría de Energía, Dirección
de Inspección, Dirección de Transporte y Obras por Administración), Registro de
la Propiedad Inmueble, Instituto del Deporte Chaqueño, Desarrollo Social nivel
Central, Comité de Prevención de la Tortura, Ecom, Casa por la Memoria, Inspección
General de Personas Jurídicas, Instituto de Cultura; y las municipalidades de
la Isla del Cerrito, Río Bermejito, Coronel Du Graty y Pampa Almirón.
Conflictos
Uno de
los conflictos que atravesó el 2021 y cuyas consecuencias van a extenderse al
año siguiente es el accionar violento y arbitrario ejecutado por las
autoridades del Comité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas
Crueles e Inhumanas y o Degradantes. Luego de que ATE Chaco pidiera rever las
candidaturas de Ariela Álvarez y Dario Gómez, y ambos fueran reelectos como
titulares del organismo, en julio, con el nuevo directorio en funciones dieron
inicio los atropellos contra las y los trabajadores.
La
primera medida fue una ola de despidos del personal que cumplía funciones en el
interior, centralizando la acción del Comité en Resistencia y menoscabando su alcance.
A esto se sumó una restructuración que desfuncionalizó a varias compañeras y
compañeros, bajas de sueldos, y mayor precarización en la modalidad de
contratación. Estos hechos fueron denunciados ante la Cámara de Diputados, la
Subsecretaría de Trabajo, el Ministerio de Derechos Humanos y Géneros, y ante
el INADI.
Otros
de los sectores que emprendieron medidas de fuerza prolongadas fueron el
Instituto del Deporte y el Ministerio de Planificación, Economía e
Infraestructura. En el primero buena parte de
sus trabajadoras y trabajadores están precarizados, con más de quince años de
antigüedad y percibiendo salarios que se encuentran entre los más bajos de la
provincia. Y en el segundo, las y los afiliados se organizaron para reclamar
demandas históricas, atenientes al cálculo de bonificaciones y
recategorizaciones, que llevaban años sin resolverse.
Luego
de una negociación paritaria provincial cerrada sin el voto favorable de ATE
Chaco, durante el año el sindicato se dedicó a trabajar en mesas técnicas
sectoriales. Este camino segmentado deja a las claras la necesidad de seguir
trabajando entre los gremios y el gobierno provincial por un urgente Convenio
Colectivo de Trabajo que rija la actividad de todas y todos los trabajadores
estatales de la provincia. En 2020 se había avanzado bastante en la temática, y
es imperativo que se vuelva a activar este ámbito de discusión para lograr la
debida regulación laboral.
Municipios
El
trabajo en distintos puntos de la provincia también mostró la necesidad de un
marco regulatorio que permita terminar con los abusos de poder políticos y
brinde un marco de derecho para las y los trabajadores municipales. Para ATE
Chaco esta falta de una legislación unificada abre la puerta muchas veces a que
los intendentes manejen las localidades a su antojo, fijando salarios a
voluntad y quitando puestos de trabajo a su arbitrio. Es por esta razón que el
sindicato presentó un proyecto para la creación de un Consejo del Salario
Municipal, alineado con lo que correspondería en el marco de un Convenio
Colectivo de Trabajo.
Uno de
los casos emblema cuya defensa emprendió el sindicato fue el de las
trabajadoras de Corzuela, violentadas en repetidas ocasiones por el intendente
Rafael Carrara y despedidas de manera irregular por el Concejo Municipal en
enero de este año. Luego de una ardua lucha sindical y un extenso proceso
judicial, las afiliadas fueron reincorporadas a sus funciones en la
municipalidad de Corzuela por orden judicial.
Dicho
jefe comunal había desobedecido reiterados fallos de los tribunales al
respecto, pero la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de
Resistencia lo intimó a cumplir con lo ordenado por la Resolución N°210 de mayo
de 2021, bajo apercibimiento de aplicación de multas por cada día de retraso y
de correr vista a un fiscal de investigación penal por incumplimiento judicial.
Las
trabajadoras fueron reubicadas en tareas administrativas. Y el compromiso
alcanzado con el intendente incluyó el pago de haberes estipulado mediante la Justicia
a través de un amparo, el cese por acuerdo de litigio, y el pago del
retroactivo completo de haberes.
En
relación con los despidos arbitrarios, la lucha continúa en Coronel Du Graty,
localidad en la que un grupo de afiliados denuncia
haber sido despedido sin causa por el intendente Juan Carlos Polini. El
sindicato continúa asesorándolos y acompañándolos en esta situación, para que
puedan obtener reparación por sus derechos laborales violentados.
Los
trabajadores habían sido incorporados a la planta permanente del municipio de
la mencionada ciudad en 2015, mediante ordenanza municipal. Posteriormente, ese
mismo año, al asumir Polini la jefatura comunal fueron desafectados por
resolución. Los trabajadores obtuvieron sentencia cautelar favorable del
tribunal Contencioso Administrativo, a los efectos de reestablecer su situación
de empleados de planta permanente, pero desde el Ejecutivo municipal no se ha
respetado la orden judicial.
Otros
municipios en lucha durante 2021 fueron Pampa Almirón, Pampa del Indio, y la
Isla del Cerrito. A través de la organización sindical, las y los trabajadores
de dichas intendencias alcanzaron aumentos salariales, recategorizaciones,
bonificaciones y mejoras en las condiciones de trabajo.
En
esta última localidad, el acuerdo con el jefe comunal incluyó el compromiso de un aumento salarial en el primer
trimestre del año que viene, el respeto de la cláusula gatillo, la necesidad de una reestructuración
de cargos y recategorización del personal de planta con el fin de alcanzar mejoras salariales, la
evaluación de la mejora de los haberes de las y los trabajadores afectados a la
actividad turística por su desempeño los fines de semana, y la evaluación de próximos pases a planta.
Encuentros
Este
trabajo en el interior permitió en octubre concretar un encuentro de delegadas
y delegados de distintos municipios en los que ATE Chaco tiene presencia
sindical y que vienen sosteniendo planes de lucha en estos últimos años. Como
parte de la actividad, las y los participantes concurrieron a la Cámara de
Diputados y al Superior Tribunal de Justicia para peticionar por la mencionada creación
del Consejo del Salario Municipal y por una mayor diligencia en los casos de
conflictos laborales que involucren estamentos estatales.
El
Proyecto N° 1516/21, presentado en la Legislatura provincial, plantea la
creación de una comisión que involucre intendentes, sindicatos y al Ejecutivo
provincial como instancia arbitral. “El objetivo es conformar un ente
regularatorio, que sería una instancia previa a alcanzar un Convenio Colectivo
de Trabajo general. No sería vinculante en principio, pero colaboraría para
poner un piso de derecho para las y los trabajadores municipales al momento de
las discusiones paritarias”, explicó el secretario General de ATE Chaco, Mario
Bustamante.
Por su
parte el secretario General Adjunto de ATE Chaco y titular de la regional
metropolitana de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Autónoma, Neri
Salazar, expresó: “Nos guía la pretensión de lograr la equidad y la igualdad
salarial. Hay trabajadoras y trabajadores municipales que cobran de básico 10
mil y 15 mil pesos en el interior, con años de antigüedad. Tampoco pueden
percibir los aumentos o los bonos que otorga el gobierno provincial. Lo que termina
dando por resultado que cada intendente establezca las paritarias a su antojo”.
Con la
intención de resguardar a las trabajadoras y trabajadores municipales, otra
línea de acción fue movilizarse al Superior Tribunal de Justicia con el fin de
peticionar por mayor celeridad en casos de despidos o de denuncias por
violencia laboral. “Solicitamos que
cuando la Justicia intervenga pueda tomar cursos más agiles que repercutan a
favor de las los trabajadores. En nuestra experiencia, los jefes comunales
hacen uso y abuso de la instancia de judicialización, casi como un artilugio
político para dilatar los tiempos en los casos en los que ejecutan despidos
arbitrarios o se conducen con violencia. Y esto afecta a las y los trabajadores
en sus derechos básicos, que llegan a verse privados de sus ingresos para
mantener a sus familias”, manifestó Salazar.
Asimismo,
Bustamante apuntó: “El intercambio de experiencias en las localidades que
permitió este encuentro de delegados y delegadas municipales dejó a las claras la
necesidad de organización en los territorios para seguir creciendo”.
