La Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) denunció en la Subsecretaría de Trabajo la modificación arbitraria de los contratos de tra...
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) denunció en la Subsecretaría de Trabajo la modificación arbitraria de los contratos de trabajo en el Comité para la Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes. Los mismos fueron reformados para disminuir montos salariales y cambiar funciones, en detrimento de los derechos del personal de la institución. Por medio de dicha presentación ante el subsecretario de Trabajo, Daniel Martínez, se solicitó asimismo la intervención de la cartera provincial ante esta situación.
El 30 de septiembre los miembros integrantes del
Comité, Ariela Álvarez, Darío Gómez, Kevin Nielsen, Silvina Canteros y Bashe
Charole, notifican a las y los trabajadores acerca de la modalidad de contrato
de trabajo a firmarse en octubre, con vigencia de tres meses. De acuerdo a la
denuncia llevada adelante por el sindicato, la misma “impone cláusulas
ilegales, contrarias a la normativa laboral vigente de protección a los y las
trabajadores”. Asimismo se deja constancia de que se obliga a los trabajadores
y trabajadoras a la suscripción de una declaración jurada de
incompatibilidades, lo cual se reiterará en toda oportunidad de firma
contractual.
Según consta en la denuncia presentada ante la
Subsecretaría de Trabajo, las cláusulas del contrato “evidencian la actitud
arbitraria adoptada por parte de los miembros integrantes del C.P.T.Ch, de valerse de la figura de diferentes
contratos renovados continuamente en el tiempo para – de esta manera – utilizar
dicha modalidad para encubrir una relación de dependencia permanente y
exclusiva de los trabajadores, dándose durante todo el desarrollo del vínculo
características de estabilidad, para luego de manera arbitraria extinguir el
supuesto vínculo contractual”.
Esta
cuestión entraría en clara violación del artículo 4° del Estatuto para Empleados
de la Administración Pública Provincial (Ley N°292-A), que establece las
características del personal permanente y transitorio. “Lo cierto es que somos
trabajadores dependientes del Comité desde hace ya varios años quienes
realizamos tareas que carecen de transitoriedad o especificidad, quienes en muchos
de los casos incluso ocupamos cargos de jerarquía superior, asumiendo la
totalidad de las responsabilidades que la tarea conlleva”, expresó José Farías,
delegado de la institución que llevó adelante la denuncia.
ATE
Chaco entiende que la conducta de los Miembros del Comité descrita – con las
constantes renovaciones contractuales, la posible recisión unilateral luego de
años de trabajo y la creación de expectativas reales de estabilidad – lesiona los
derechos constitucionales de los trabajadores.
“Por
otra parte, cabe mencionar que el contracto alude consenso entre ambas partes, lo que
resulta discordante con la realidad, ya que se trata de un contrato de
cláusulas predispuestas, elaborado por los miembros integrantes del C.P.T.Ch en
forma unilateral, al cual los y las trabajadoras se adhieren por la necesidad
de mantener su trabajo, su única fuente de ingreso y medio de subsistencia
propia y de sus familias, pese a los derechos laborales que les son vulnerados
y a la situación laboral desigual en la que los ubica”, sostuvo Farías.
En la denuncia, el delegado afirmó: “Considero
necesario resaltar que a pesar de los reiterados reclamos presentados
oportunamente ante ésta y otras instituciones competentes, no hemos obtenido
resolución alguna por el sinnúmero de derechos menoscabados por parte de los
miembros de Comité a los trabajadores y trabajadoras, encontrándome
actualmente, en mi caso en particular, desfuncionalizado y afrontando los
perjuicios que la reducción salarial impuesta me ocasiona, siendo incongruente
ante ello, que se contrate personal temporario para desempeñarse en el área de
la cual me apartaron”.
“Resulta irónico y hasta sorprendente que autoridades
como los miembros integrantes del Comité para la Prevención de la Tortura, Otros
Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la Provincia del Chaco
propicien estos actos violentos y que se apartan de las leyes vigentes en
materia laboral, considerando su formación, profesión y amplia trayectoria en
la promulgación, defensa y fomentación del respeto a los derechos humanos”, expresó.
Asimismo en la denuncia se deja
constancia de que desde 2018 se presentaron diversas denuncias contra Ariela
Álvarez y Darío Gómez, las cuales fueron desestimadas por el tribunal sin
proporcionar fundamento alguno, y pese a lo cual resultaron electos para la
integración del Comité.
“Por
todo ello, en consideración a la urgencia y gravedad de la situación planteada,
es que estimo se deben arbitrar las medidas necesarias a fin de que ambos
denunciados cesen en sus conductas lesivas, garantizando los medios suficientes
a efectos de que se retrotraigan las medidas arbitrarias implementadas respecto
a la reducción salarial, así como las readecuaciones que implicaron remoción de
cargos de los trabajadores, afectando su derecho a estabilidad y carrera
administrativa, más la nulidad de contratos arbitrarios impuestos a los
trabajadores”, expresó Farías en el documento presentado.
