Las y los trabajadores de la Defensoría del Pueblo del Chaco, afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Chaco), reclaman que...
Las y los trabajadores de la Defensoría del Pueblo del Chaco, afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Chaco), reclaman que el organismo se encuentra en un estado de aplazamiento. Esto se debe a que la ley que la rige, con más de 25 años de vigencia, no se adecua al desarrollo de las actividades y fines de la institución, generando a su vez inconvenientes laborales en quienes desempeñan allí sus funciones.
“Queremos visibilizar la situación institucional que
atraviesa la Defensoría. Los trabajadores que prestamos servicios desde la
puesta en funcionamiento de la institución en 2012, advertimos que existe un
vacío legislativo que genera serios inconvenientes administrativos y que se
traducen en vulneración de derechos laborales”, explicaron las y los
trabajadores.
La principal función de la Defensoría es la de peticionar por
el derecho de los habitantes ante cualquiera de los poderes de Estado. Defender
al ciudadano, al vulnerable, y ser el sostén para el ejercicio de sus derechos,
lo que le da una amplia competencia por las materias y el territorio que
abarca. “Las y los trabajadores hemos iniciado durante estos 10 años, con
acompañamiento gremial, diferentes peticiones a las autoridades legislativas a fin
de lograr la estructura necesaria para que una institución de raigambre
constitucional logre el cumplimiento de sus fines. El objetivo es llegar a los
ciudadanos de toda la provincia del Chaco, y contar con una normativa que nos
avale”, afirmaron.
Las y los trabajadores, con sus representantes gremiales, más
las autoridades del organismo, se encuentran trabajando en un proyecto
legislativo que contemple subsanar los impedimentos. “Con el mismo se pretende
que la Defensoría logre un funcionamiento orgánico, ágil, con la ampliación de
sus áreas, con mayor presencial territorial y reivindicación de nuestros derechos
laborales. El fin es dotar al ente de las herramientas necesarias para
posicionarse a la altura de las Defensorías del Pueblo de las principales
provincias y ciudades del país”, expresaron.
“Apelamos a las autoridades legislativas a que pongan en agenda la necesidad imperiosa de la reforma de la normativa vigente. Esta constituiría un indiscutible salto de calidad para la institución, en pos del respeto de los derechos de sus trabajadores, y que beneficiaría sin dudas a todo el pueblo de la provincia”, agregaron.
