Este miércoles 20 de octubre, ATE Chaco concretó un encuentro de delegadas y delegados de distintos municipios en los que tiene presencia si...
Este miércoles 20 de octubre, ATE Chaco concretó un encuentro de delegadas y delegados de distintos municipios en los que tiene presencia sindical y que vienen sosteniendo planes de lucha en estos últimos años. Como parte del encuentro, las y los participantes concurrieron a la Cámara de Diputados y al Superior Tribunal de Justicia para peticionar por la creación del Consejo del Salario Municipal y por una mayor diligencia en los casos de conflictos laborales que involucren estamentos estatales.
El
Proyecto N° 1516/21, presentado en la Legislatura provincial, plantea la
creación de una comisión que involucre intendentes, sindicatos y al Ejecutivo
provincial como instancia arbitral. “Nos convocamos para pedir que esta
iniciativa se trate pronto y reciba aprobación, y fuimos recibidos por el
diputado Nicolás Slimel. El objetivo es conformar un ente regularatorio, que
sería una instancia previa a alcanzar un Convenio Colectivo de Trabajo general.
No sería vinculante en principio, pero colaboraría para poner un piso de
derecho para las y los trabajadores municipales al momento de las discusiones
paritarias”, explicó el secretario General de ATE Chaco, Mario Bustamante.
Por su
parte el secretario General Adjunto de ATE Chaco y titular de la regional
metropolitana de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Autónoma, Neri
Salazar, expresó: “Nos guía la pretensión de lograr la equidad y la igualdad
salarial. Hay trabajadoras y trabajadores municipales que cobran de básico 10
mil y 15 mil pesos en el interior, con años de antigüedad. Tampoco pueden
percibir los aumentos o los bonos que otorga el gobierno provincial. Lo que
termina dando por resultado que cada intendente establezca las paritarias a su
antojo”.
Con la
intención de resguardar a las trabajadoras y trabajadores municipales, otra
línea de acción fue movilizarse al Superior Tribunal de Justicia con el fin de
peticionar por mayor celeridad en casos de despidos o de denuncias por
violencia laboral.
“Solicitamos
que cuando la Justicia intervenga pueda tomar cursos más agiles que repercutan
a favor de las los trabajadores. En nuestra experiencia, los jefes comunales
hacen uso y abuso de la instancia de judicialización, casi como un artilugio
político para dilatar los tiempos en los casos en los que ejecutan despidos
arbitrarios o se conducen con violencia. Y esto afecta a las y los trabajadores
en sus derechos básicos, que llegan a verse privados de sus ingresos para
mantener a sus familias”, manifestó Salazar.
Bustamante
asimismo apuntó: “El intercambio de experiencias en las localidades que
permitió este encuentro de delegados y delegadas municipales dejó a las claras
la necesidad de organización en los territorios para seguir creciendo”.
