En Argentina entró en vigor el Convenio 190 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) contra la Violencia y el Acoso Laboral. Alicia Alc...
En Argentina entró en vigor el Convenio 190 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) contra la Violencia y el Acoso Laboral. Alicia Alcalá, Defensora General de la provincia, se reunió con ATE Chaco y estuvo como invitada en EscuchATE, el programa de radio del sindicato, para trabajar sobre los alcances del mismo y dar a conocer su implementación.
Este
acuerdo fue receptado por Argentina mediante la Ley N° 27580. “Al haber sido
incorporado por ley del Congreso a nuestro derecho, es un derecho operativo y
efectivo en la República Argentina. Ya son exigibles sus estipulaciones”,
afirmó.
El Convenio reconoce el derecho de toda persona a un
ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el
acoso por razón de género. Asimismo, determina que tales comportamientos pueden
constituir una violación o un abuso de los derechos humanos.
“El
panorama que abarca es mucho más extenso que otras leyes que teníamos en
Argentina. La importancia de este convenio es que apunta específicamente a
estas prácticas, a estos comportamientos, actitudes, que muchas veces – como
todas las violencias – en el ámbito laboral están muy naturalizadas y se
considera que es “normal” que pasen”, describió Alcalá.
“Lo
interesante es que se refiere a toda persona sin distinción de sexo, de género,
de raza, de situación dentro de su ámbito laboral, porque se refiere tanto a
los empleados privados como a los públicos. Y el ámbito de aplicación también
es muy extenso, porque se aplica a las personas antes de que comience la
relación laboral (por ejemplo si alguna de estas prácticas se realiza en una
entrevista de trabajo), después durante la etapa de la relación laboral, y con
posterioridad”, explicó.
Y
destacó la Defensora General: “apunta asimismo
a todos aquellos trabajadores que no están en una situación regular, es decir
que no se refiere solo a las personas que tienen un contrato laboral, sino que
incluye a personas en situación de precarización, no registradas, pasantes,
becarios”.
“Es
una regulación muy minuciosa y ha tratado de abarcar todos los supuestos en los
que se puede dar la violencia laboral. El convenio aspira a una tolerancia cero
de violencia o acoso en el mundo del trabajo, que puedan constituir una
violación o un abuso de los derechos humanos”, expresó.
Implementación
La
Defensora General de la provincia explicó que una vez que el Estado ha
subscripto el convenio, esto compromete al gobierno nacional, al provincial, a
los municipales, y a las empresas. “Se apunta en una primera etapa a mantener
un diálogo abierto, sincero y constructivo entre los empleadores y los
empleados a través de los sindicatos. Por eso es muy importante la función que
pueden llegar a cumplir en esta etapa de preparación los gremios porque estamos
empezando a visibilizar este tema y creo que tenemos por delante mucho trabajo
por hacer”.
De
hecho ATE a nivel nacional será parte de la Encuesta Nacional sobre Violencia y
Acoso en el mundo del trabajo, iniciativa de la Red Intersindical contra la
Violencia y el Acoso Laboral, junto a la OIT y la Universidad de Avellaneda.
“Creo
que estamos en las preliminares, que todas las manifestaciones del Estado como
de los Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tenemos que empezar a trabajar
esta temática, porque el Convenio prevé la creación de protocolos, de
sanciones, de espacios de conciliación, de métodos alternativos de resolución
de conflictos, siempre amparando y sosteniendo a la víctima. Estamos ante un
panorama muy extenso que hay que ir cumpliendo poco a poco para que esto no se
vuelva letra muerta”, expresó Alcalá.
“Hay
que dar a conocer el Convenio, porque si la persona no sabe, no conoce que
tiene un derecho reconocido en una ley, no lo puede ejercer. Entonces ese es el
primer paso. El segundo paso yo creo que podría ser que los sindicatos
comiencen a trabajar la temática, a interiorizarse y ver cómo se pueden empezar
a organizar y a presentar ante las autoridades procedimientos y protocolos a
seguir en estos casos”, manifestó.
La
Defensora General de la provincia aseguró: “las normativas vigentes y los
reglamentos internos han quedado desactualizados, y no prevén todas las
situaciones que plantea el Convenio. Las normas que nos están rigiendo hasta
ahora tienen necesariamente que ser reformadas a la luz de este acuerdo. El
Estado subscriptor tiene la obligación de reformar sus leyes y sus normas administrativas
para adecuarse al Convenio. Son obligaciones internacionales que se asumen,
porque asimismo está previsto un comité de seguimiento, es decir que dentro de
unos años va a venir una comisión a la Argentina para ver que hicimos al respecto”.
Y Alcalá destacó que: “este convenio hace mucho hincapié en la resolución de conflictos, de no llegar a la justicia, la idea no es judicializar. La idea es en realidad que la persona agresora haga una reflexión y que cambie realmente. Muchas veces la víctima no quiere una sanción particular, una multa por ejemplo, porque si después el victimario va a continuar con el mismo patrón de conducta y va a haber otra la víctima, no es lo deseable ni lo que persigue el Convenio. Estamos ante un nuevo paradigma, tenemos que cambiar nuestra cabeza, y creo que en este aspecto las cabezas de poder son fundamentales para bajar un lineamiento claro”.
