En medio de las mesas de diálogo entre el Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes y ATE ...
En medio de las mesas de diálogo entre el Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes y ATE Chaco, las autoridades del organismo continúan tomando decisiones en desmedro de los derechos de las y los trabajadores del espacio. A los despidos se les sumó la reducción de sueldos y la reestructuración arbitraria del equipo.
“Hubieron dos instancias de diálogo, a
las que habíamos arribado luego de consensuar levantar el paro, pero no hubo
acuerdo aún. El lunes por la tarde fue la segunda mesa de negociación. Se había
establecido que hasta que no terminaran, ninguna de las partes podía accionar.
Pero ese mismo día a la mañana sacaron los contratos nuevos, con reducción
salarial, horas antes de la reunión”, contó el delegado de ATE Chaco por el
espacio, José Farías, en el programa de radio del sindicado EscuchATE.
“No hay acuerdo porque nos plantamos
en no despedir compañeras y compañeros. Además solicitamos el 18% de
recomposición salarial, que es el porcentaje otorgado por el Estado provincial,
y contratación anual en lugar de que sea por tres meses con el fin de brindar
seguridad laboral y algo de estabilidad a las y los trabajadores. Queremos que
se respete la experiencia y trayectoria de las y los compañeros”, expresó.
El Comité de Prevención de la Tortura,
Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes no cuenta con ley de estructura
orgánica, por lo que su plantel de trabajadores está precarizado desde su
creación, hace alrededor de nueve años. “Al no haber estructura, las decisiones
quedan a discreción. A lo largo de los años, se habían contemplado los derechos
laborales de las y los trabajadores y consensuando derechos, como por ejemplo
la antigüedad, el tener un título, pero todo eso ahora se terminó. Y en estas
mesas de negociación quedó claro que no hay voluntad de nada. Por el contrario,
fueron más a fondo con los atropellos: más achique, reducción de salarios,
despidos”, manifestó Farías.
El delegado declaró: “queremos
claridad de criterios para la toma de decisiones, queremos saber en qué se
basan. Porque hasta ahora con esta nueva gestión lo que vimos es un modelo
igual al del macrismo, trasladado a un organismo de derechos humanos. El Comité
es un emblema a nivel nacional y a nivel internacional, fue el primer organismo
de este tipo en el país, el primero que empezó a implementar políticas de
derechos humanos puntuales sobre las personas privadas de su libertad”.
De 32 trabajadores y trabajadoras que
se desempeñan en el organismo, 6 fueron despedidos. “Con los despidos de las y
los trabajadores del interior se desterritorializa el acompañamiento del
Comité, y se pierde la descentralización. Ahora ante cada cuestión, cada
demanda, no habrá instancias locales de resolución, sino que tendrán que viajar
las y los compañeros desde Resistencia hasta las localidades”, explicó.
“Lo peor es que estas decisiones crean
un antecedente para los derechos laborales en la provincia dentro del Estado.
Si esto se concreta significa que lo pueden hacer, sin que pase nada. Por eso
llamamos a las cabezas de otros poderes del Estado para que intervengan en la
situación”, concluyó el delegado.
