El intendente de Corzuela, Rafael Carrara, volvió a desobedecer un fallo judicial y se negó a reincorporar a las trabajadoras municipales, c...
El intendente de Corzuela, Rafael Carrara, volvió a desobedecer un fallo judicial y se negó a reincorporar a las trabajadoras municipales, como había dictaminado la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Ante esto, la abogada que lleva el caso por parte de ATE Chaco, Ivana Balberdi, hizo foco en el desinterés del Poder Ejecutivo provincial en hallar alternativas que permitan garantizar el bienestar de las trabajadoras y anunció que se inició una denuncia penal contra el jefe comunal de la localidad.
La profesional recordó en la última
emisión de EscuchATE, programa del sindicato que sale al aire los jueves por
radio Nuestra Voz 88.7, que al principio del conflicto las trabajadoras fueron
recibidas en la Secretaría de Derechos Humanos, que verificó, investigó los
hechos y reconoció mobbing laboral; y mantuvieron una reunión con la
vicegobernadora, Analía Rach Quiroga.
“Al principio los funcionarios
mostraban cierto interés, como también el secretario de Municipios (Rodrigo
Ocampo), pero de golpe dejaron de atender los teléfonos. Hay una gestión
política que fracasó, las y los funcionarios cesaron en la búsqueda de
soluciones para estas trabajadoras, que además dicho sea de paso, son
militantes justicialistas de la misma línea partidaria. Si no lo fueran, eso
tampoco justificaría esta situación, pero llama la atención porque ellas
trabajaron para que el gobernador esté donde está, para que los funcionarios
estén donde están. Por eso el agravio y la injuria que sienten estas mujeres
son mayores”, expresó Balberdi.
“Como fracasó la instancia política de
resolución, acudimos a la Justicia. No es fácil litigar contra la
administración pública porque esta tiene la presunción legal de que está
haciendo las cosas bien. Entonces cuando hay un fallo judicial o cuando hay un
juez que tiene el conocimiento y la valentía de firmar una resolución en contra
de la administración pública es porque realmente hay presupuestos verosímiles
de la situación planteada”, explicó la abogada.
El jefe comunal fue declarado en
rebeldía por la Justicia debido a sus reiterados incumplimientos ante lo
dictaminado en tribunales. El último fallo que Carrara violó fue el de la Sala
Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que dejó sin efecto la
ordenanza aprobada en enero a través de una sesión extraordinaria del Concejo
Deliberante de la localidad, convocada en su oportunidad para tratar
exclusivamente el despido de las trabajadoras.
“El sumario administrativo estuvo
cargado de múltiples violaciones a las garantías y al debido proceso.
Decidieron aplicar la sanción más gravosa que es la exoneración, y el propio
intendente designó una junta de disciplina conformada por el contador de la
municipalidad que ya había sido denunciado por las agentes por el no pago de sueldos,
por la secretaria de Actuaciones del expediente sumarial que va a ocupar pronto
el puesto de Jueza de Faltas de la municipalidad de Corzuela, y la secretaria
de Gobierno que es la esposa de Carrara”, sostuvo la profesional.
“Para que una Cámara en lo Contencioso
Administrativo firme la suspensión de efectos de una ordenanza municipal es
porque resulta claro o verosímil que existe una afectación a las garantías
constitucionales, que las cosas no se hicieron bien. Sistemáticamente existe un
rechazo judicial a cada uno de los planteos de la Municipalidad de Corzuela.
Sin embargo no se cumple lo que ordena la Justicia, generando multas y deudas
para el pueblo de Corzuela”, agregó.
Ante los reiterados incumplimientos
judiciales por parte del jefe comunal, además de las multas, se dio
intervención a la justicia penal. Fue radicada la denuncia en la Fiscalía Penal
N° 3 por desobediencia judicial y abuso de autoridad. Asimismo se ha dejado
peticionado en los expedientes que de no cumplirse el pago de los haberes y las
multas, se embargue y se retenga un porcentaje de la coparticipación.
“Y estamos evaluando con el estudio
Claudiani radicado en Resistencia con el que estamos trabajando, la
responsabilidad del Concejo. Porque es muy fácil decidir, ir más allá de las
facultades propias e incurrir en arbitrariedades, y que no haya ningún costo.
Entonces hay que ver en cada miembro del Concejo qué responsabilidad civil,
política y penal tuvo, a partir de actos que están consintiendo y llevando a
cabo”, adelantó la abogada.
Luego del fallo de la Sala Primera de
la Cámara en lo Contencioso Administrativo, las trabajadoras se presentaron a
sus lugares de trabajo, pero no se les permitió reincorporarse. “En virtud de
toda la normativa internacional de protección laboral, de género, que existe en
relación a situaciones como ésta, el Estado no puede permanecer escudado en que
hay autonomía municipal. Me parece que hay cuestiones que trascienden las
formas, si hay derechos humanos claramente afectados”, sostuvo Balberdi.
“El gobernador después de las
denuncias ha hecho múltiples visitas a Corzuela. Incluso en estas ocasiones –
cuando intentaban entregarle un petitorio por ejemplo – las trabajadoras han
sido violentadas y han recibido ataques físicos. Entonces al margen de las
cuestiones legales, estas chicas tienen una desilusión con respecto al
gobernador, porque ellas son militantes justicialistas y han trabajado para él.
Me llama poderosamente la atención la falta de empatía, el poco interés en
arribar a una solución”, expresó la profesional.
“Estas chicas son las que dijeron
basta, pero muchas veces hay un irrespeto y un sometimiento para con las y los
trabajadores municipales que tiene que cambiar, sea del partido que sea. Muchas
personas tienen miedo, no denuncian, de hecho en este caso muchos testigos no
quieren hablar porque está estrictamente ligado con el plato de comida que
llevan a la casa. Si las chicas no hubieran estado amparadas y sostenidas por
el sindicato, no creo que hubiesen podido llegar a esta instancia. Las y los
trabajadores de las intendencias no pueden ser cautivos del gobierno de turno”,
concluyó.
