En un nuevo fallo judicial a favor de las trabajadoras de la municipalidad de Corzuela, la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Admin...
En un nuevo fallo judicial a favor de las trabajadoras de la municipalidad de Corzuela, la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo falló suspender los efectos de la resolución irregular y arbitraria del intendente Rafael Carrara y la ordenanza del Concejo Municipal, y reincorporar a las afiliadas de ATE Chaco a sus puestos de trabajo.
Cabe recordar que el jefe comunal fue
declarado en rebeldía por la Justicia debido a sus reiterados incumplimientos
ante lo dictaminado en tribunales. Hasta tanto se resuelva la causa judicial
principal, esta disposición deja sin efecto la ordenanza aprobada en enero a
través de una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de la localidad,
convocada en su oportunidad para tratar exclusivamente el despido de las
trabajadoras que se encuentran en litigio con la Municipalidad.
“La Cámara en lo Contencioso
Administrativo, reconociendo el derecho de las trabajadoras, suspendió de modo
cautelar la ordenanza municipal que aplica la exoneración y ordenó la inmediata
reincorporación de las trabajadoras en condiciones laborales dignas. Este fallo
significa un avance para la justicia chaqueña porque ratifica la existencia de
una República y la necesaria independencia de los poderes del Estado,
demostrando que debe respetarse la dignidad y los derechos de las y los
trabajadores. Esperamos, que el intendente, esta vez, cumpla con lo
ordenado por el fallo judicial, porque únicamente así se hará justicia”,
explicó la abogada Ivana Balberdi.
“El Ejecutivo Municipal aprovechándose
de la vulnerabilidad de las trabajadoras las ha venido sometiendo a un proceso
administrativo irregular, arbitrario y parcial en el que no se han respetado
las normas del debido proceso legal ni las más elementales normas
constitucionales. El único objeto era disponer su injusta exoneración como
represalia por la denuncia de violencia laboral y de género radicada en su
contra”, sostuvo.
La profesional agregó: “En este
camino, existe una medida judicial de amparo que ordena el pago de los
haberes de las trabajadoras, sin embargo la municipalidad de modo arbitrario y
caprichoso se niega a cumplir, pese la imposición de multas. Estos mayores
gastos y costas judiciales generan al pueblo de Corzuela innecesarios costos
que algún día deberá afrontar”, agregó.
El proceso judicial entablado ya posee
tres fallos a favor de las trabajadoras. “Carrara hizo cómplice al Concejo de
sus arbitrariedades, de su violencia de género e institucional, de su desmanejo
en la política y en la economía de Corzuela. Involucró a los ediles para desligarse
de responsabilidades”, expresó por su parte el secretario General de la
Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco), Mario Bustamante.
Carrara acumula denuncias por
violencia laboral, psicológica y persecución política, agravada por razones de
género, contra las trabajadoras municipales nucleadas en el sindicato. “La
violencia institucional que Carrara, junto al equipo que le responde,
ejercieron sobre las trabajadoras les ha causado un enorme daño físico,
emocional y psicológico, además de económico. Hay un claro ensañamiento
político y de género contra las compañeras”, agregó Bustamante.
