El Defensor del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj, se refirió en el programa de radio EscuchATE a la tarea de intervención ante los hechos de...
El Defensor del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj, se refirió en el programa de radio EscuchATE a la tarea de intervención ante los hechos de violencia institucional en los municipios, a pedido de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Chaco) y de la CTA Autónoma Chaco. Se pusieron a consideración particularmente los casos de Corzuela, Coronel Du Graty y El Espinillo, en los que constan numerosos atropellos hacia las trabajadoras y trabajadores, y repetidas desobediencias judiciales por parte de los intendentes.
En la emisión semanal del sindicato,
que sale al aire todos los jueves, a las 8, por radio Nuestra Voz, Voloj hizo
referencia a la problemática. “Son distintas situaciones, cada una con sus
particularidades, pero con un denominador común como son los despidos y las no
reincorporaciones. Esto lo desarrolló la central obrera a los efectos de que la
Defensoría del Pueblo pudiera tener en primer lugar conocimiento de estas
situaciones irregulares y anómalas que se vienen dando, y determinar cómo desde
el organismo se puede ayudar a empujar estos reclamos legítimos, en qué
alternativas podemos avanzar en etapa de mediación o facilitador de procesos”,
manifestó.
“Ojalá desde nuestra intervención
podamos lograr realmente una situación favorable, sobre todo porque estamos en
presencia de las fuentes de trabajo de las personas. Cuando se llega a la
justicia, es la vía judicial la que tiene que intervenir y seguir avanzando a
los efectos de poder llegar a una resolución. En caso de que no esté abierta
esta vía, plantear una mesa de negociación y diálogo, y disponer opciones para
acercar a las partes. A veces esto es complejo, cuando está en juego no solo la
estabilidad laboral sino el avasallamiento de otras cuestiones, los derechos
humanos, la dignidad. Pero queremos poder llegar a un intermedio, que es en
primera instancia lo que hace la Defensoría del Pueblo”, agregó.
Consultado sobre como continuará esta
tarea en territorio, el funcionario explicó: “Nuestro objetivo es agotar todas
las instancias para acercar a las partes, que tomen intervención nuevamente los
organismos que tienen una responsabilidad primaria, ya sea el estado provincial
o municipal, para ver si es posible encontrar una solución. Desde la Defensoría
tenemos un rol limitado, podemos visibilizar el tema, podemos hacer
recomendaciones, informes y librar oficios, pero no determinamos, no tenemos poder
de sentencia. Lo que buscamos es que estas situaciones no se produzcan, tratar
de que en el futuro – si hay una instancia de este tipo – generar una suerte de
atajo para evitar la conflictividad que pone en riesgo el bolsillo de las y los
trabajadores”.
“Más allá de los nombres particulares,
esto tiene que ver con la calidad democrática que queremos. Los municipios
tienen que empezar a transitar un camino mucho más concreto y fuerte de
potenciar y fortalecer las áreas vinculadas a la etapa de mediación en la
conflictividad, al margen de prácticas o actitudes propias de los ejecutivos
que necesitan ser revisadas, consideradas, modernizadas. Cuarenta años de la
vuelta de la democracia implica sacarse ciertos hábitos y vicios que no
corresponden con la calidad democrática que todas y todos aspiramos para
nuestra provincia”, sostuvo.
