El secretario General de ATE Chaco Mario Bustamante y la secretaria de Administración Andrea Azzetti se reunieron, este miércoles a través...
El
secretario General de ATE Chaco Mario Bustamante y la secretaria de
Administración Andrea Azzetti se reunieron, este miércoles a través
de una plataforma virtual, con el secretario de Municipios de la
Provincia Rodrigo Ocampo para avanzar en la denuncia contra el
intendente de Corzuela Rafael Carrara por violencia laboral,
psicológica y persecución política, agravada por razones de
género, contra trabajadoras municipales, nucleadas en el sindicato.
De
esta manera continúan las gestiones del sindicato, iniciadas la
semana pasada en una reunión con la vicegobernadora Analía Rach
Quiroga y la secretaria de Derechos Humanos Silvana Pérez para la
intervención del Poder Ejecutivo en el conflicto municipal, a fin de
abordar de manera conjunta una solución definitiva.
“Ratificamos
la importancia de la intervención del Ejecutivo provincial, como
garante de los derechos laborales, y de los derechos humanos de todas
las personas que habitan en el territorio provincial, interviniendo
en las relaciones de poder, a través de las cuales una persona,
extralimitándose en sus atribuciones, ejerce violencia hacia otras
personas”, señaló Bustamante.
En
este sentido, el sindicato avanzó con Ocampo en la propuesta ya
trabajada con la vicegobernadora y la secretaria de DDHH y le
solicitó la urgente intervención para exigir, por su intermedio, al
intendente Carrara que cese inmediatamente la violencia que ejerce,
con claro ensañamiento político y de género, contra las
trabajadoras municipales. Ocampo se comprometió a contactar durante
esta misma jornada al intendente para comenzar todas las gestiones
pertinentes y elevar al Municipio un informe basado en los documentos
presentados por la Secretaría de Derechos Humanos.
“Necesitamos
el máximo compromiso y accionar del Poder Ejecutivo, la
vicegobernadora ya se
comprometió a acompañar el reclamo y articular todas las acciones
necesarias para frenar la violencia institucional de
Carrara contra las
trabajadoras, en tanto es clave la intervención de la Secretaría de
Municipios, como nexo, entre el gobierno y los municipios, para
canalizar las denuncias y abordar una solución que restituya los
derechos violados sistemáticamente a las trabajadoras”, resaltó.
El
sindicato advirtió
que la violencia hacia las trabajadoras, ejercida por Carrara, se
sostiene en la complicidad de un grupo de apoyo del intendente para
concretar la persecución laboral, psicológica e ideológica que
derivó en un enorme daño
emocional y psicológico de las
trabajadoras.
“Todo
este accionar violento es ejecutado y sostenido también en
complicidad de varios colaboradores que las difaman, agreden,
insultan y amenazan constantemente al punto en el que no quieren ni
pueden andar solas”, explicó.
El
caso
Se
trata de cuatro trabajadoras municipales de Corzuela representadas
por la delegada Gisela Lorena Íbalo, que vienen sufriendo el
hostigamiento, la persecución política, laboral y violencia
económica desde 2015, pero la situación se agravó a fines del año
pasado luego de que el intendente Carrara resultara electo en las
elecciones Municipales en las que las trabajadoras apoyaron
públicamente a otro candidato.
A
parir de allí, les negó el ingreso al edificio municipal donde
cumplían funciones, y las trasladó a los lugares más inhóspitos a
cumplir horas, sin ninguna otra función, más que padecer la falta
de condiciones dignas que la ley establece que se deben garantizar a
todo trabajador y trabajadora. Han tenido que cumplir horas en un
galpón con desechos y basura, donde una de ellas fue picada por un
alacrán; en el cementerio donde las quiere volver a afectar, que
está ubicado en una zona muy insegura, alejada del centro de la
ciudad, para lo cual dependen de un vehículo municipal para ir y
volver, que ya las ha dejado abandonas en ese lugar y han padecido
hechos de inseguridad y violencia, sumamente traumáticos.
Actualmente
cumplían horas en el patio del Municipio, a la intemperie con bajas
temperaturas y ante una pandemia por coronavirus. Al principio tenían
un banquito para sentarse pero ante la queja de las trabajadoras, de
castigo, les sacó el banquito, y manda a mojar el piso para que ni
siquiera se puedan sentar un ratito en el piso.
“Con
una actitud paternalista y patriarcal las puso en penitencia por
apoyar la candidatura de otro candidato, con total impunidad e
irresponsabilidad, en plena pandemia por coronavirus, cuando más
tenemos que proteger la salud y la capacidad de los hospitales y
centros de salud, las obliga a cumplir horario, sin funciones, al
aire libre con temperaturas muy bajas en la intemperie, exponiendo su
salud”, remarcó.
Las
compañeras tienen que permanecer paradas toda la jornada esperando
que el tiempo pase para volver a su casa, para conservar el empleo
del que ya fueron amenazadas que serán despedidas, sin justa causa,
luego de la pandemia. Además, a dos de ellas les quitó la
recategorización ejerciendo también un daño económico, de manera
totalmente arbitraria e ilegítima. “Utiliza el poder para dañar
moral, psicológica y económicamente a mujeres que están en una
situación de inferioridad es violencia de género y no podemos
permitirla”, concluyó el secretario General de ATE.
