Miembros de los Consejos Directivos Provinciales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Chaco y Formosa se reunieron ayer en la ...
La reunión estuvo encabezada por Mario Bustamante y Néstor Vázquez, secretarios Generales de Chaco y Formosa, respectivamente, y se realizó en el edificio que el SENASA tiene en la capital formoseña, donde el funcionario se desligó de la decisión de dar de baja los contratos de estos trabajadores. Se trata de dos compañeros que cumplen funciones hace más de 10 años en el organismo y que hace una semana recibieron una llamada telefónica desde número privado donde se les decía simplemente que no vuelvan a trabajar.
“Se trata de un plan de achicamiento del Estado, donde también está incluido SENASA. Y en ese marco no sólo están levantando barreras de control sanitario, como lo venimos denunciando desde hace meses, sino que también están desfuncionalizando a trabajadores”, explicó el secretario General de ATE Chaco, Mario Bustamante.
Y puntualizó: “Nosotros entendemos que hay responsables políticos, jurídicos. Entendemos que claramente la responsabilidad política es de Buryaile, ministro de Agroindustria, de donde depende SENASA. Él debe determinar cuántos trabajadores tienen que ser despedidos, en este caso la lista comienza con dos trabajadores de Chaco”.
“No hay previo aviso, no hay notificación escrita, no hay instancia de negociación previa con el sindicato, no hay ningún momento en el que el trabajador se pueda defender de cualquier tipo de acusación”, detalló el secretario General de ATE Chaco.
DESPIDOS INJUSTIFICADOS
Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Tras la insistencia de los trabajadores, y la intervención del sindicato, se logró esta audiencia con el funcionario, quien recién ahí entregó dos notas absolutamente carentes de sustento en donde lo único que se dice es que “no cuentan con antecedentes de desempeños favorables” y van firmadas por los presidentes de la Sociedad Rural en Villa Ángela y Santa Sylvina, lugar donde además estos dos trabajadores nunca desempeñaron funciones. Esta situación no sólo es insólita por el supuesto argumento, sino que la institución que firma las notas (Sociedad Rural) es quien debería ser controlada por los trabajadores de SENASA, y no a la inversa.