El despido de la mitad de los trabajadores del programa nacional de Salud Mental, la precarización laboral y el ajuste al sector, provocaro...
El despido de la
mitad de los trabajadores del programa nacional de Salud Mental, la
precarización laboral y el ajuste al sector, provocaron el colapso del sistema
en toda la provincia.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denuncia el
creciente deterioro del de los servicios públicos de salud mental en toda la
provincia, que se profundizó a partir del ajuste y achicamiento del Estado que
puso en marcha el gobierno nacional, y la falta de respuestas del gobierno
provincial que no sólo no protegió a los trabajadores sino que además inició un
proceso de privatización en el ámbito sanitario.
"Con el despido de la mitad de los trabajadores, la
precarización laboral y el ajuste al sector, el sistema de salud mental está
desbordado en toda la provincia, y la atención privada es demasiado costosa
para la gran mayoría de los chaqueños con sueldos promedios, por lo que la
salud mental no está garantizada", expresó el secretario General Mario
Bustamante.
En 2016, cuando comenzaron los despidos masivos en Estado
nacional, despidieron a 32 de los 75 trabajadores del programa de Salud Mental
que se desempeñaban desde 2011 en los Centros de Integración Comunitaria (Cic)
y hospitales de toda la provincia. Eran terciarizados a través de la UnCaUS
De esta manera, a través de la terciarización, el Estado
no se hace cargo del trabajo de atención primaria que realizan en una población
de 600 mil chaqueños de 23 localidades. Son psicólogos, enfermeros, asistentes
sociales y agentes sanitarios que trabajan integralmente.
"El Estado no sólo no se hace cargo de las
condiciones laborales de estos trabajadores, sino que tampoco responde por el
derecho a la salud mental que debe garantizar y está siendo vulnerado a partir
del ajuste y achicamiento estatal que redujo el personal y el presupuesto a la
casi la mitad", sostuvo.
Desde mayo no tienen contrato. Desde setiembre el
programa de la Dirección Nacional de Salud Mental y adicciones baja a la
provincia a través de la Delegación Sanitaria a cargo de Jose Ariel Gomez.
Desde octubre no cobran. Desde enero no saben si siguen teniendo relación con
el Estado. "Este año no tuvieron
ningún lineamiento de trabajo, ni regularidad en el pago de sus salarios,
además de tener que emitir facturas antes de tiempo a pedido de Nación, pero
los pagos seguían retrasados", manifestó.
Desde Noviembre, Nación les envía mails diciendo que en
la brevedad le depositarían el sueldo, pero el depósito nunca llega.
"Ahora Nación dice que depositó y Uncaus asegura que no, mientras tanto
los trabajadores continúan sin cobrar, trabajando con gastos de su bolsillo,
porque no quieren dejar desprotegida a toda la población que cubren, y sin
ellos, su salud mental estaría en riesgo", concluyó Bustamante.
