Los trabajadores de Ecom nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitan al gobernador Domingo Peppo que vete ...
Los trabajadores de Ecom nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitan al gobernador Domingo Peppo que vete la Ley N° 7811, que establece un sistema de Retiro Móvil (voluntario) en el ámbito de la empresa informática estatal, negándoles el derecho legítimo a jubilarse.
“No es voluntario cuando no te dan opción y no es retiro cuando debería ser jubilación porque ya aportaste lo que corresponde y tenés la edad para jubilarte, por lo que rechazamos la ley sancionada que niega el derecho a jubilarse a los trabajadores con más antigüedad”, expresó el delegado Antonio Morales, en conferencia de prensa con el resto de los trabajadores del sector.
En ese sentido indicaron que la norma aprobada es ilegítima e inconstitucional ya que el trabajador que no opta por retirarse obligadamente, deberá ir a otra caja (ANSES) y con menos haberes que sus compañeros, en tanto quienes acepten el retiro aportarán nuevamente hasta cumplir los 20 años que exige el INSSSEP, es decir que aportarían dos veces el monto de su jubilación. De esta manera, viola los preceptos constitucionales de igual derecho igual remuneración discriminando a una parte.
“Es insólito pensar que a los 60 años y con más de 30 años de antigüedad el trabajador de Ecom no se pueda jubilar, y la única salida posible para el Directorio y el gobierno sea un régimen de retiro que les niegue el derecho a una jubilación a los que ya están en condiciones de acogerse a tales beneficios”, destacó.
Además, aseguraron que la caja provincial es superavitaria ya que cuenta con más 300 trabajadores activos que aportan más de dos millones de pesos mensuales. “Y en los próximos 5 años se jubilarán apenas un 14 por ciento, lo que demuestra claramente la posibilidad de inclusión, y no de exclusión como plantea esta ley de retiro compulsivo aprobada”, agregó Morales.
“Los trabajadores pagamos
las culpas del Directorio”
Los trabajadores presentes recordaron que el objetivo de la lucha emprendida hace años era traspasar a todos los trabajadores a la caja provincial, como lo establecía la Ley N° 6679 aprobada por unanimidad por la misma Cámara de Diputados, que nunca fue respetada. “Entonces los trabajadores pagamos las culpas del Directorio que hizo mal los deberes administrativos y pretende deslindarse responsabilidades y hacer pagar a los trabajadores su incapacidad de gestión sacando por la puerta trasera a los trabajadores que dedicaron toda una vida laboral a la empresa”, señalaron.
En ese sentido advirtieron que lo que el gobierno considera una salida a la irregularidad a que han empujado a la empresa no es más que la gestación de un nuevo y mayor conflicto. “Quieren sacar a la empresa de la irregularidad a la que la han empujado hace más de 5 años, con denuncia penal a sus directivos y funcionarios de gobierno, pero esta ley dejará la ventana abierta a la industria de los juicios, cuando es responsabilidad del Estado provincial evitar o prevenir tales consecuencias”, advirtió Morales.
