La Asociación de Trabajadores del Estado de Chaco se presentó hoy en la Unidad de Atención a la víctima y al Ciudadano de Resistencia par...
La Asociación de Trabajadores del Estado de Chaco se presentó hoy en la Unidad de Atención a la víctima y al Ciudadano de Resistencia para presentar una denuncia contra el presidente del Instituto de Cultura, Edgardo Pérez, quien amenazó con despedir a una trabajadora del área prensa por verla participar de una manifestación gremial.
El equipo legal del sindicato llegó junto a la víctima del aberrante hecho y afiliados de Cultura en ese sindicato llegaron hasta esa dependencia para denunciar que “el presidente de Cultura Edgardo Pérez no sólo le recriminó a nuestra afiliada haber participado de una marcha de trabajadores de Cultura, sino que la amenazó con dejarla sin trabajo por ese motivo. No podemos permitir este tipo de acciones represivas, que violan derechos esenciales de los trabajadores y ejercen violencia laboral, moral, psicológica hacia nuestros afiliados”.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Lisandro Vargas Gómez, vocal electo en la Comisión Directiva Provincial del sindicato y trabajador de Cultura, consideró que “se trata de un caso más de la violencia institucional que este señor está imponiendo de manera sistemática desde que asumió. Hace dos años venimos denunciando este tipo de atropellos, que en varios casos terminaron con compañeros despedidos, escándalos y hasta renuncias de directores”.
“En el caso de esta compañera, fotógrafa, primero fue amenazada, luego el director del área Prensa le quitó la cámara con excusas, pero con el claro objetivo de desfuncionarla de sus tareas, y luego se le dijo que no venga más a trabajar. La compañera nunca recibió ningún tipo de notificación, pese a que hace más de dos semanas solicitó por escrito a Recursos Humanos que se le informe su situación”, detalló Vargas Gómez.
El referente del ATE en la cartera cultura recordó que “un reciente ejemplo de esto es el caso del Coro Toba Chelaalapí, nuestros embajadores culturales, que luego de ser maltratados y discriminados decidieron presentar una denuncia ante el organismo nacional competente. No solo no obtuvieron ningún tipo de pedido de disculpa, sino que por el contrario fueron y son presionados para que levanten la denuncia, sin admitir el más mínimo grado de responsabilidad ante estas aberrantes actitudes, que en teoría el Estado, tanto provincial como nacional, quiere desterrar”.
